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sábado, 25 de febrero de 2017

A.F.I.P. Determinación de Oficio y Causa Penal por Evasión. Ley 24.769. Miglino y Abogados.


Cada día llegan mas intimaciones, determinaciones de oficio e incluso la amenaza velada de recurrir a la Ley Penal Tributaria.
Si es tu caso comunicate de inmediato con nosotros. Porque el tiempo siempre corre a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Podemos ayudarte en las apelaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), Aduana, Tribunal Fiscal de la Nación y Justicia Federal de toda la República Argentina.

Dr. Javier Miglino, CEO de MIGLINO y Abogados.
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A.F.I.P.

Determinación de oficio. 

Métodos presuncionales. 

Denuncia penal.

Proceso por evasión Ley Penal Tributaria 24.769.




Te llegó una determinación de oficio por parte de la A.F.I.P. ?

Acá te mostramos cómo podemos ayudarte.

La Determinación de Oficio como condición objetiva para la causa penal por evasión impositiva:

De la letra del art. 18 de la ley 24.769 (“LPT”) se desprende que la D.O. (determinación de oficio) es un requisito “sine qua non” o también denominado condición objetiva de procedibilidad para instar la acción penal y de igual manera se sostuvo que el referido art. 18 establece un orden de prelación de la determinación de oficio de la deuda tributaria respecto a la formulación de la denuncia, por lo que la desestimación de la última habilita la desestimación de la primera y el consecuente archivo de las actuaciones .

Lo antedicho aunado a que ello ha sido así establecido con el objeto de conocer si el monto de la deuda alcanza a los topes establecidos como condición objetiva de punibilidad, lo que de ser así ello habilitará a la formulación de la correspondiente denuncia.

Así la jurisprudencia sostendrá que la intención del legislador se encuentra fundada en razones de política criminal al imponer sanciones que, según el importe a la que ascienda el crédito fiscal omitido de ingresar por el contribuyente, si éste supera la condición objetiva de punibilidad, la conducta del agente será reprochada penalmente en los términos de la ley 24.769, mientras que si esa misma conducta lesiona menos al bien jurídico protegido, o sea por debajo de los montos establecidos en la ley, se dejará limitada la una sanción administrativa prevista en la ley 11.683.

Además, el criterio imperante en el fallo bajo estudio sostuvo que, como no se había cumplido con la D.O. (determinación de oficio), no podía sostenerse imputación alguna contra los causantes por la infracción contenida en los delitos tipificados en la ley 24.769 concluyendo que la flamante ley exige que antes de efectuar la denuncia penal el organismo recaudador determine la deuda tributaria lo cual tiene dos consecuencias fundamentales: 


a) permite conocer con toda precisión el monto del crédito fiscal 

b) permite determinar si se verifican las condiciones objetivas de punibilidad que establecen los distintos delitos tributarios y previsionales.

Compartiendo lo arriba expuesto el criterio doctrinario mayoritario imperante sostiene que de esta manera cuando el juez recibe la denuncia del organismo fiscal conoce con exactitud cual es el monto evadido y puede determinar si se verifican los montos mínimos que se fijan para las diferentes figuras de la ley.

Además se consideró que la previa D.O. (determinación de oficio) de la deuda tributaria hace a la seriedad y fundamentación de la denuncia que efectúa el organismo administrativo, evitándose de esta forma denuncias que carezcan de respaldo probatorio, objetivo que de todos modos no se logra desde que el organismo suele formular denuncias sobre la base de determinaciones de oficio a las que arriba por aplicación del sistema presuncional previsto en el art. 18 de la ley 11.683.

Por lo expuesto el criterio mayoritario al que se hizo referencia en el anteúltimo párrafo daría cuenta que si el organismo no se expide en los términos del art. 18 de la L.P.T. (Ley de Procedimiento Tributario) y de igual manera se interpone denuncia penal se debería declarar la nulidad parcial del requerimiento fiscal de instrucción por violar expresas normas constitucionales tales como garantía de la defensa en juicio toda vez que, si no existió proceso determinativo de oficio en forma previa al inicio de la acción penal, el contribuyente no tuvo la posibilidad de formular descargo y ofrecer contraprueba que desvirtúe lo determinado por el Fisco, lo cual constituiría un menoscabo a lo preceptuado por el art. 18 del bloque constitucional.

Lo citado no haría mas que incumplir con las normas legales y procesales que determinan el quantum del monto evadido, luego de conocido y si éste excede los mínimos requeridos como condición objetiva de punibilidad. De igual manera con la calificación legal con la que se acusa, las disposiciones legales en que se fundamenta la citada calificación legal y la discriminación de los períodos fiscales.


Situación dentro del Proceso Tributario Penal:

En el proceso penal tributario estará vigente el principio contradictorio pleno, es decir, la igualdad de posibilidades para las partes actuantes ejerciendo sus propuestas y oposiciones ante un tribunal moderador y decidor de la cuestión traída a juicio.

En este contexto, la importancia de la previa D.O. (determinación de oficio) radica en que se trata de un acto determinativo dictado por quien detenta la competencia tributaria, cuantificando la posición del contribuyente para con el Fisco.

Este acto gozará, -al igual que todo acto administrativo- de presunción de legitimidad derivada del principio de autotutela de la administración.

Pero dicha legitimidad no implicará certeza, pues si el acto se presumirá legítimo y cierto, violaría el principio de inocencia que gozan todos los habitantes de la República Argentina.

A su vez en virtud de los disímiles valores e intereses en juego entre el procedimiento administrativo y el procedimiento penal, éste último exige la búsqueda de la verdad y debe fundarse en una determinación de oficio realizada sobre base cierta, la cual va a constituir una “notitia criminis”.

El comportamiento procesal de la A.F.I.P.:


El organismo recaudador debe formular denuncia penal una vez dictada la resolución que determina de oficio la deuda tributaria o que haya sido resuelta en sede administrativa la impugnación de los actos de determinación de lo adeudado respecto a los recursos de la seguridad social, no siendo obstáculo para efectuarla que dichos actos se encontraren recurridos.

Prosigue argumentando el autor citado que lo antedicho tiene como objetivo lograr que la denuncia sea inmediata, aunque no se le adjudique un plazo específico, como dato formal y voluntario de instrumento de la avocación de los órganos jurídicos competentes del Estado quedando sujeto a los recaudos del Código Procesal Penal de la Nación, pero contándose para llevarlo a cabo con un mínimo respaldo derivado de la determinación precisa del crédito firme en esa instancia dado que existe un monto dinerario por debajo del cual las acciones no se incriminan, funcionando en calidad de condición objetiva de punibilidad.

Aquello es suficiente pues como punto de equilibrio, sin ser menester que se haya conseguido allí una decisión definitiva o firme, por lo cual, aunque se encuentren pendientes recursos e impugnaciones, igualmente habrá de concretarse la denuncia penal.

Lo expuesto permite al obligado ejecutar su poder de contradicción en especial el derecho de defensa e impugnación ante los órganos administrativos fiscales, quien a su vez quedan en posición de evaluar convenientemente la situación de aquél previo a decidir el desencadenante de la persecución penal, que a partir de allí será inevitable en su promoción e irretractable en su continuidad hasta la resolución definitiva respecto del ejercicio de la acción penal pública.

Así se sostendrá que existe en la L. P. T. (Ley Penal Tributaria) un interés en contar con la determinación administrativa de la obligación toda vez que se ha privilegiado que en todos los casos donde corresponda se efectúe el trámite de verificación y determinación de la deuda fiscal antes de formular la denuncia penal y en los casos en los cuales esto no sea factible, que al menos se forme y justifique la convicción administrativa de la presunta comisión de un ilícito.


Dr. Javier Miglino.

CEO de MIGLINO y Abogados.


Gentileza:

CNN en Español 

www.cnn.com/espanol

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