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sábado, 15 de septiembre de 2012

Fallo Histórico contra el Fraude Bancario. Robos por Homebanking. Dr. Javier Miglino y Abogados.


Dr. Javier Miglino, Especialista en Seguridad Bancaria, junto 
a los periodistas Guillermo Favale, Paulo Kablan y Silvina Fuentes.

Un cliente habitual del Banco Ciudad de Buenos Aires sufrió el robo del PIN de su tarjeta de débito, a través de un ardid delictivo, donde los delincuentes utilizaron una linea telefónica y se hicieron pasar por personal del banco. Con los datos armaron una tarjeta "melliza" y le robaron de su cuenta más de 120.000 Pesos. El Banco Ciudad hizo caso omiso del reclamo. Sin embargo la justicia le dio la razón, ordenando al Banco Ciudad de Buenos Aires hacerse cargo de la indemnización por el robo, los daños y perjuicios y los honorarios de todos los abogados intervinientes.

Fallo:

En Buenos Aires, a los quince días del mes de mayo de dos mil ocho, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa "B. C. c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO ", registro N° 32.242/2004, procedente del Juzgado N° 18 del fuero (Secretaría N° 36)), donde fue identificada como expediente N° 46.612, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctores: Vassallo, Heredia y Dieuzeide.//-

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? 


El señor Juez Gerardo G. Vassallo dijo: 
I. El señor J. C. B. promovió demanda contra el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 41/53), a quien atribuyó responsabilidad por los perjuicios que dijo haber padecido al consumarse cierto hecho ilícito que derivó de la extracción irregular de los fondos que el actor poseía en la caja de ahorros abierta en el Banco demandado.-

Requirió, por ello, que este último fuera condenado a indemnizarlo tanto por los daños materiales que sufrió como por la injuria moral.-

Al reseñar los hechos en que fundó su pretensión, describió la maniobra delictiva de la que fue víctima que permitió a sus autores hacerse del número clave (PIN), de su tarjeta de débito Moderban. Con ese elemento más una tarjeta "melliza" los defraudadores habrían concretado la extracción de los fondos.

Imputó responsabilidad al Banco por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar estos ilícitos, tanto más cuando estaba en conocimiento de estas maniobras, que según indicó luego habrían sumado 114 hechos comprobados, tres meses antes de la que es materia de estas actuaciones.-

Al comparecer en la causa el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 82/91), pidió el rechazo de la pretensión.-

Reconoció mantener con el señor B. una relación contractual de caja de ahorro, y haberle entregado la tarjeta Moderban para operar la misma.-

Mas negó ser responsable de lo ocurrido pues, según postuló, ello tuvo relación directa con la conducta del actor quien voluntariamente facilitó su número clave para extraer fondos en cajeros automáticos.-

En este punto destacó que entre las reglas de seguridad que le fueran comunicadas al actor al tiempo de entregársele el plástico, se encontraba su obligación de no () revelar la clave asignada;; la que además, debía ser cambiada por el usuario en la primera operación.-

Negó que las extracciones realizadas de la cuenta del actor entre el 12  de septiembre de 2011 y el 15 de marzo de 2012 hubieran sobrepasado el límite diario de $ 2.500, en tanto el contrario también alegó tal hecho como demostración de la inconducta del Banco.-

Para concluir negó toda responsabilidad de su mandante con sustento en los siguientes argumentos:

Calificó al actor como la víctima de un delito aunque concretado con total desvinculación del Banco, por lo cual no puede imputársele responsabilidad alguna.-

A todo evento alegó que la acción penal incoada constituía una cuestión prejudicial, lo cual obligaba a aguardar su definición antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo de este reclamo.- 

II. La sentencia de fs. 617/632 admitió íntegramente la demanda.-

Destacó que, amén del engaño sufrido por B. que calificó como "ignorancia legítima", el ilícito se produjo por la duplicación de la tarjeta, elemento que pudo ser logrado por falencias del sistema.-
Por último descartó la imputación que el Banco realizó en su contestación al atribuir al actor o a algún pariente la extracción de los fondos.-

Con base en lo expuesto, condenó al Banco a restituir al actor los importes retirados ilegítimamente, con más intereses, y a resarcirlo por el daño moral que juzgó ocurrido.-
El Banco de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo en fs. 635, y expresó agravios en fs. 653/663. El actor contestó el traslado que le fue conferido en fs. 666/671.-

La señora Fiscal de Cámara se excusó de dictaminar en el caso.-

III. Como fue enunciado en el párrafo anterior, el Banco formuló una serie de agravios con los cuales intenta revertir la sentencia condenatoria.-

De la descripción anterior no se advierte que la demandada hubiera reiterado en alzada la invocada prejudicialidad que constituyera el catálogo de defensas procesales y de fondo ensayadas en el escrito de responde a la pieza inicial.-

Esa articulación fue desechada por la sentencia. La omisión de concretar un preciso agravio sobre el punto permite concluir que la institución bancaria ha consentido el rechazo. Tal acatamiento evita, por cierto, efectuar alguna consideración sobre el punto en esta instancia.-

A efectos de dar mayor claridad al discurso que sigue, adoptaré en alguna medida el orden expositivo propuesto por la entidad bancaria al tiempo de desarrollar sus agravios.-
Digo "en alguna medida" pues, como se verá, reuniré en un solo punto varias quejas conceptualmente asimilables.- 

Veamos:

a) Postuló la recurrente que el sentenciante aplicó en forma errónea la ley de defensa del consumidor, en tanto sus disposiciones no importan una derogación del sistema de responsabilidad previsto en nuestro código civil.-

Debo señalar, antes de ingresar en el estudio específico del agravio, que el Banco no cuestionó que, en el caso, sean aplicables las disposiciones de la ley 24.240. Menos aún; ni siquiera negó que el cliente bancario pueda ser calificado de consumidor o usuario.-

De todos modos es mayoritaria la doctrina que así lo considera (Farina Juan, "Defensa del consumidor y del usuario", página 103; Trigo Represas F. y López Mesa M., "Tratado de la Responsabilidad Civil" T IV, p. 428; Stiglitz R., "Defensa del consumidor, los servicios bancarios y financieros", LL 1998-C, sección doctrina; Mosset Iturraspe, "El cliente de una entidad financiera -de un Banco- es un consumidor tutelado por la ley 24.240", JA 1999-I, p. 84; entre otros).-
En rigor, la ley de defensa del consumidor regula lo que la propia Constitución Nacional denomina "relación de consumo" (CN 42), y sus disposiciones afectan no sólo normas de derecho civil, sino también comercial, procesal, administrativo, penal, etc, "...para comprenderlas e integrarlas sistemáticamente" (Kemelmajer de Carlucci - Tavano de Aredes, "La protección del consumidor en el derecho privado", Derecho del Consumidor 1991, No. 1 página 11, citado por Farina, obra citada, página 13).-

En este escenario, y al tratarse de una ley de orden público (art. 65 ley 24.240), cabe aplicar sus específicas disposiciones dirigidas, en términos generales, a restablecer el equilibrio entre las partes en una relación que por su naturaleza muestra al consumidor como su parte débil.-

Al dar respuesta afirmativa a tal dilema, el señor Juez a quo concluyó que el factor de atribución, en este particular caso, era de carácter objetivo.-

Tal afirmación no fue materia de crítica por parte del Banco. Y ello permite concluir, como ocurrió con otros aspectos del fallo, que el demandado ha concordado con aquella calificación.-

A todo evento, la doctrina como la jurisprudencia con base en lo dispuesto por el artículo 40 de la ley 24.240, han atribuido a la responsabilidad que deriva de la relación de consumo el carácter de objetiva (Farina Juan M., ya citado, página 452; CNCiv., Sala F, 28.4.2004, Cremasco, Eduardo José c/ Wassington S.A. s/ daños y perjuicios; CNCom., Sala A, 6.2.2004, Giolito, Daniel H. c/ Banco de Boston y otro s/ sumario; CNCom., Sala B, 31.8.2001, Lagos Marcela Andrea c/ Ortopedia Alemana S.A.; esta Sala (integrada), 28.12.2004, Safar Retamar, María Elena c/ Industrias Alimenticias Mendocinas (ALCO) s/ ordinario; CNCont. Administrativo Federal, Sala II, 5.11.1998, Ciancio José María c/ Resol. 184/97 -Enargas- (expte. 3042/97) Causa: 26.895/97 AGI).-

En rigor una de las obligaciones primordiales del Banco, que constituye el presupuesto básico de los servicios que ofrece, es que éstos sean brindados, tanto cuando se lo haga en forma personal como cuando lo sea por medio de elementos mecánicos o electrónicos, con total seguridad para el cliente.-

Por tal razón, en particular por ser instituciones autorizadas para recibir los ahorros del público, el Estado regula su actuación mediante estrictas normativas tanto legislativas como de naturaleza administrativa, en pos de brindar seguridad a los ciudadanos respecto de los fondos entregados.-
Congruente con ello, el Banco Central de la República Argentina ha establecido y reiterado en su normativa, la imposición a los Bancos de contar con "mecanismos de seguridad informática" que garanticen la confiabilidad de la operatoria (Comunicación A 3323, 1.7.2.2., último párrafo; Comunicación A 3682, 4.8.6.2; Comunicación A 4272, 2.1.1.6).-

En el caso, se ha imputado al Banco demandado responsabilidad por el vicio que presentaría el sistema informático que opera para la prestación remota de servicios, enfocado en el caso, en la red de cajeros automáticos.-

En este contexto, la doctrina ha enseñado que la obligación de seguridad que deriva de la aptitud del producto para el uso al que está destinado es de carácter objetivo (Bustamante Alsina, Jorge A., "Responsabilidad civil por productos o defectuosos", LL 1992-E-1069), concepto que a mi juicio puede extenderse aquí a la seguridad del servicio que es puesto a disposición del usuario bancario. Así, el deudor para eximirse de responsabilidad debe demostrar culpa de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no deba responder o la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, la existencia de una causa ajena que interrumpa o desvíe el curso de la acción causal (SC Buenos Aires, 22.6.1965, in re "Demaría, Angel c/ Restaurante Abruzzese y otro", LL 119-383).-
El sistema de responsabilidad objetiva es, en el caso de la relación de consumo, similar en sus alcances al que deriva del artículo 1113 del código civil.-

En mi opinión podría aplicarse sin mayores reparos la indicada norma del código de fondo (art. 1113 del código civil) en tanto el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ostenta la calidad de dueño o, cuanto menos, de guardián del sistema informático que opera los cajeros automáticos de su red.-
Entiendo evidente que el sistema (software y hardware) que permite operar una red de cajeros automáticos puede ser calificado de cosa riesgosa.-

En rigor esta calificación puede ser asignada, en este punto, al sistema informático que opera las transacciones remotas, sea mediante el denominado home banking sea por el uso de cajeros automáticos.-

No ignoro que alguna jurisprudencia penal había excluido a la destrucción total o parcial de un archivo informático, como su inutilización mediante el uso de virus, del tipo penal previsto por el artículo 183 del código represivo.-

En ese caso la Cámara Penal entendió que el documento electrónico no encuadraba en el concepto de cosa previsto por el artículo 2311 del código civil (CNCrim. y Correccional Sala VI, 30.4.1993, Pinamonti, JA 1995-III-236, citado por Caro Rodrigo, "El archivo almacenado en soporte informático como objeto de delito de daño, artículo 183 del código penal", LL, T. 2004 A, 1436).-
A igual conclusión arribó la Justicia Federal al absolver a quien había violado la página de Internet de la Corte Suprema de Justicia, por estimar que tanto la página Web como los datos o sistemas informáticos no eran cosa en tanto por su naturaleza no son objetos corpóreos ni pueden ser detectados materialmente (Juz. Federal Criminal y Correccional N° 12, 2.3.2002, "G., M. H. y otros" Zeus 89-J-558; citado en Bueres Alberto - Highton E, Código Civil, T. 5 A, página 12/13).-
En sentido divergente, la Sala I del mismo Tribunal de Apelaciones, asimiló el correo electrónico a la correspondencia epistolar, en tanto condenó a quien había ingresado a una casilla de e-mail ajena sin orden judicial, por entenderlo correspondencia privada (CNCrim. y Correccional Sala I, 11.2.2003, "Grimberg Alfredo H. s/ sobreseimiento"[Fallo en extenso: elDial - AA1B4F]). Así, a diferencia de lo sostenido en el fallo anterior, éste concedió a ese documento electrónico cierta materialidad compatible con el concepto de cosa.-

Ya fue dicho que el documento electrónico, sea un mero texto digital un software o una página web, tiene cierta corporeidad que permite su asimilación al concepto clásico de cosa.-

De todos modos, como enseña Borda, aún cuando la ley no diga que las energías (eléctrica, atómica, magnética, etc.) sean cosas, al atribuirles la misma condición jurídica ("Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a..."), les reconoce la calidad de tales (Borda G. A., "Tratado de Derecho Civil, Parte General, T. II, página 32).-

Igual conclusión cabe asignar al documento digital el cual, al igual que las energías, son mensurables y poseen un contenido económico susceptible de goce y disposición que se asimila a las cosas.-

Negar que estos documentos de amplia difusión y algunos de ellos de trascendente valor 
económico no puedan ser asimilados a una "cosa" sólo puede ser imaginado en un contexto de grosera irrealidad y de acuerdo a una interpretación por demás restrictiva del concepto que ingresa en la arbitrariedad.-

Reitero, nadie discute hoy que un software es un bien susceptible de tener un valor.-
Desde esa óptica tanto un sistema informático (conjunto integrado de hardware y software) como el programa de aplicación tienen un valor significativo si nos referimos al que permite la operación de un sistema bancario.-

De allí que pueden calificarse sin dudas como cosa al "sistema informático" que opera la red de cajeros automáticos de la aquí demandada.-

A partir de este concepto, cabe analizar si se trata de una cosa "riesgosa", a fin de aplicar la responsabilidad objetiva prevista por el artículo 1113 del código civil.-

El riesgo se evidencia tanto para el usuario como para el Banco quien, por las propias características de su actividad, está expuesto a eventuales ataques de terceros.-
De todos modos, un análisis puntual del caso nos lleva a igual conclusión.-

La descripción realizada por éste de la maniobra delictiva que sufrió el aquí actor (respuesta tres) refleja la falibilidad del sistema en tanto "el cuento del tío", como lo calificó en su respuesta quinta, pudo ser concretado con la colaboración de una línea telefónica y un grabador de audio.-
Curiosamente, nada dice sobre la necesidad de contar con una tarjeta magnética similar a la entregada a Bieniauskas que en el caso, fue duplicada en forma dolosa.-

Pero sustancialmente, como también lo destacó el sentenciante, la fragilidad del sistema quedó demostrada por el número de fraudes que, en un escaso tiempo, pudieron ser concretados mediante idéntica operatoria delictual (144 según los denunciados en sede penal).-

Los constantes ataques a las bases de datos informáticas, en particular aquéllas con contenido económico, son habituales y han requerido de un constante perfeccionamiento de las medidas de seguridad.-

Las estafas "on line" que son realizadas mediante la navegación por Internet son objeto de constante estudio.-

En este caso mediante un correo vacío sobre el que se "clickea" se instala un programa que engaña al navegador del usuario y lo deriva a direcciones falsas.-

Entiendo entonces que estos agravios pueden ser analizados en forma sustancialmente conjunta aunque dividiendo el estudio en punto a considerar primero la atribuida culpa de la víctima, para luego analizar si existió intervención decisiva de un tercero que autorice a eximir de culpa al Banco quejoso.- 

b) Culpa de la víctima:

La doctrina ha señalado que la "culpa de la víctima" debe reunir sustancialmente los alcances previstos por el artículo 1111 del código civil.-

La Corte Suprema de Justicia ha sido más estricta en este punto. Ha sostenido que para que sea aplicable la excepción a la regla del artículo 1113 apoyada en la conducta de la víctima, debe acreditarse que la culpa de esta debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (CSJN, 11.5.1993, Fernández, Alba O. c/ Ballejo, Julio A. y otra, LL 1993-E, 472).-

Por lo demás, es un hecho notorio que tal recomendación (no revelar su número clave a terceros o no digitar su PIN en presencia de personas extrañas), es constantemente anunciada en la pantalla de los cajeros automáticos al operar con ellos.-

No sólo permite realizar múltiples transacciones a través del cajero automático, sino compras o pagos de servicios mediante su combinación con la tarjeta de débito o de crédito, la conexión "on line" con el Banco para realizar transacciones remotas (home banking o Interbanking), acceso a bases de datos por vía de Internet, etc.-

En rigor, hasta la clave que utilizamos para ingresar en una red local y así operar el sistema de gestión aplicado a una determinada tarea, ora en la función pública ora en la empresa privada, es una firma electrónica con los alcances ya indicados, en tanto nos identifica como usuarios del sistema y nos habilita para operar, con cierto nivel de seguridad, el sistema al que accedemos. También permite que, frente a una auditoria, pueda ser atribuida responsabilidad al usuario que infringió normas internas o utilizó el recurso para finalidades impropias.-

Empero este necesario ciclo de concientización no permite por si sólo eximir al usuario de toda responsabilidad; aunque tampoco liberar al Banco de las consecuencias de lo acontecido en este período de transición.-

Se trata de un hecho de la realidad que debe servir al Juez para analizar de forma más certera la conducta de las partes en litigio.-

Dicho ésto concentraré mi discurso en el análisis de lo ocurrido en el sub judice y las consecuencias jurídicas que pueden derivarse para las partes.-

Como fue dicho, el actor reconoció haber revelado a terceros su clave personal o "PIN".-
Es evidente que, conforme he dicho, ello constituyó una infracción a las reglas previstas por la Comunicación A 2530 del BCRA.-

Sin embargo tal conducta irregular no alcanza para liberar al Banco de su responsabilidad con sustento en la culpa de la víctima.-

Realizar hoy transacciones en forma remota y por acceso vía Internet no es hoy una novedad.-
Tampoco lo es que mediante el uso de cajeros automáticos se concreten depósitos o extracciones de efectivo, transferencias o pagos de servicios.-

Esta oferta "básica" es ampliada en forma constante, al punto de poder obtenerse créditos por vía del cajero automático mediante la opción "solicitud de préstamos" y seleccionando luego monto y plazo de pago.-

Este servicio, que ha sido implementado por varios Bancos, fue anunciado en su tiempo por el ex Ministro de Economía de la Nación (Martín Lousteau) cuando era presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Mediante el uso del cajero automático, 850.000 personas titulares de cuenta sueldo, fueron preclasificadas para acceder a estos préstamos inmediatos.-

Como puede advertirse al concurrir a cualquier local bancario, las filas frente a las ventanillas han disminuido drásticamente a partir del uso de medios telemáticos para realizar las transacciones que antes requerían de una gestión personal o de concurrir a la "caja" (ventanilla) de un Banco.-

De hecho la arquitectura de esos locales se ha visto modificada priorizando la atención personalizada del cliente (la que se realiza en escritorios dispuestos a tal fin) antes que la concurrencia masificada que requería de una extensa línea de cajas.-

En este mismo sentido, una nota periodística publicada años atrás, revelaba que antes de la crisis del 2001 las transacciones por tarjeta de débito rondaban los 12 a 13 millones de pesos mensuales, mientras que luego de aquel evento, habían trepado a 400 millones en igual período. De su lado sólo el 3% al 5% de los clientes de un Banco utilizaban el home banking, mientras que luego de diciembre de 2001 su uso alcanzó al 25% a 30% (García Terán, Marta, "Lejos del Banco y más cerca de la máquina", La Nación 18.1.2004, página 16).-

Entiendo que de hacerse hoy una nueva evaluación, los porcentajes de uso de estos medios electrónicos serían largamente superiores a los publicados hace sólo cuatro años.

Todos estos elementos, que revelan una reingeniería en la prestación de los servicios bancarios y un incipiente pero constante cambio cultural hacia el uso de medios informáticos, son trascendentes para interpretar la conducta de las partes y la responsabilidad que sigue frente a un hecho irregular como el aquí analizado.-

Todo ello constituye un "sistema informático" que se pone a disposición del cliente y que debe brindar, como adelanté, suficiente confianza para que su uso sea aceptado.-
De hecho la normativa dictada por el Banco Central de la República Argentina exige a los Bancos "...tener implementado mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de las operaciones" (Comunicación A 3323, 1.7.2.2.).-

Pero, mas allá de la norma administrativa, la responsabilidad del Banco es nítida en punto a la confiabilidad del sistema, en tanto es la propia entidad la que lo ofrece e impone, en tanto el usuario no puede optar por otro si desea operar sea mediante el uso de cajeros automáticos como por vía del "home banking".-

Como lo ha expresado el propio encargado de seguridad informática del Banco, y confirmado por la Justicia Penal, el actor fue llevado a la creencia de que se estaba comunicando con el teléfono oficial del Banco o de Moderban en tanto marcó, en la segunda llamada, el número que se encontraba impreso al dorso de su tarjeta de débito.-

La metodología empleada fue por demás eficaz en tanto logró engañar a casi ciento cincuenta personas (a juzgar sólo por aquéllas que efectuaron denuncia penal). Ello revela que no se trató de un defecto o una marcada negligencia del actor. La masividad del embuste convence no sólo de su eficacia, sino también de la escasa posibilidad de ser advertido.-

Pero aún cuando se excluya el concepto de culpa para juzgar la conducta de la víctima y se priorice la de autoría (Pizarro Ramón D., "Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa", T. I, página 248/249), la solución no variaría.-

Como ha sido dicho, la autoría del ilícito que fue el generador principal del daño causado al actor, recae en los defraudadores que idearon el ardid para obtener el número clave de numerosos usuarios de la tarjeta del Banco demandado.-

Pero además, y esto es imprescindible destacarlo, obtuvieron los medios para poder duplicar la tarjeta de débito de estas numerosas víctimas, lo cual les permitió con esta conjunción de elementos, hurtar los fondos depositados en el Banco recurrente.-

Si bien la sentencia arroja alguna duda sobre la intervención de personal del Banco para facilitar conocer este necesario elemento, nada puede ser imputado en este sentido por carecer de prueba que así lo sostenga.-

De todos modos la posibilidad técnica de "duplicar" las tarjetas no sólo revela la falibilidad del sistema, y nuevamente su calidad de cosa riesgosa, sino también la irrelevancia de la conducta del actor en el punto.-

Es que el hecho de la víctima debe ser causa adecuada y exclusiva del daño para que habilite eximir al dueño o guardián de la cosa (Pizarro Ramón D., "Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa", T. I, página 245).-

De allí que debo descartar el hecho de la víctima como causal de exoneración del Banco recurrente.- 

c) Hecho de un tercero:

En este punto seré breve.-

El artículo 1113 del código civil exime al dueño o guardián de la cosa cuando el daño se produjo de modo excluyente por el hecho de "...un tercero por quien no debe responder".-
El artículo 40 de la ley 24.240, prevé una causal que describe más genéricamente. Dicha norma predica que "sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena".-

El robo o hurto de un local bancario, hipótesis que se extiende a un cajero automático que no es más que otra ventanilla -en este caso electrónica-, es un hecho previsible y por tanto objeto de resguardos por el Banco.-

En rigor existe una relación de superioridad entre el experto y el profano que no puede ser soslayada al tiempo de juzgar sus conductas dentro de una acción de resarcimiento.-
Esta superioridad se derrama en las relaciones contractuales tanto en lo relativo a su faz jurídica (contratos predispuestos) como a la especialidad técnica. De hecho importantes Bancos de plaza (vgr. Banco de Galicia), no admiten que cobros inferiores a los $ 1.000 o depósitos menores a los $ 3.000 se realicen por ventanilla. Estos deben realizarse mediante los cajeros automáticos o los "buzones electrónicos" existentes en el vestíbulo de cada local. Así lo advirtió este vocal hace escasos días al leer los carteles puestos en una sucursal del mentado Banco (Cerrito y Lavalle).-
Por tanto las normas han establecido reglas, tanto en el código civil cuanto en la ley de defensa del consumidor, orientadas a restablecer la igualdad entre las partes privilegiando el "favor debilis".-
La peculiaridad de la relación Banco-cliente genera estas reglas de interpretación que permiten una visión más rigurosa de la conducta del Banco en tanto su calidad de profesional y experto en la actividad bancaria.-

En definitiva, son las entidades bancarias quienes se encuentran en una posición ventajosa frente al usuario en tanto ostentan la información y todas las aptitudes técnicas para ofrecer seguridad y en su caso, brindar la prueba que otorgue al Juez un cabal conocimiento de lo ocurrido (Trigo Represas F. y López Mesa M., "Tratado de la Responsabilidad Civil" T IV, p. 433).-
A su vez se encuentran autorizadas por el Estado para tomar los ahorros públicos, lo cual les exige un mayor cuidado en su actividad y un particular celo en el cuidado de los bienes que le son puestos a su cuidado.-

Todo ello, como dije, permite juzgar sus conductas con mayor rigor lo cual descarta revocar el fallo en estudio.- 

. Las costas de esta instancia deberán ser soportadas, a mi juicio, por el Banco recurrente en su calidad de vencido (cpr. 68).- 

. Por todo lo hasta aquí expuesto, propongo a mis distinguidos colegas confirmar la sentencia en estudio e imponer las costas de alzada a la demandada vencida.-
Así voto.- 

Los señores Jueces de Cámara doctores Juan José Dieuzeide y Pablo Damián Heredia adhieren al voto que antecede.- 

Concluida la deliberación, los señores Jueces de Cámara acuerdan: 

(a) Confirmar la sentencia de la anterior instancia.-

(b) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida.-

(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.//- 

Fdo.: Gerardo G. Vassallo - Juan J. Dieuzeide - Pablo D. Heredia
Germán Taricco Vera, Prosecretario Letrado


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